Informe apunta a delitos económicos, simulación societaria y conflictos de interés en el manejo de contratos millonarios de la estatal petrolera.
(#RadarEnergetico)_ La Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados presentó un informe concluyente sobre presuntas irregularidades en el suministro de diésel, gasolina y crudo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por parte de su empresa subsidiaria Botrading S.A. El documento revela múltiples indicios de delitos que comprometen a funcionarios públicos y estructuras internas de la estatal petrolera, generando un significativo daño económico al Estado.
El informe sostiene que Botrading S.A. habría sido constituida en Paraguay como una sociedad simulada, sin capacidades reales de operar como intermediaria internacional de hidrocarburos. La empresa, calificada como un “cascarón vacío” con apenas tres empleados y sin respaldo operativo, habría servido como vehículo para operaciones fuera del control boliviano, evitando el escrutinio nacional pese a manejar recursos públicos.
Además, se identifican indicios de conducta antieconómica por parte de altos funcionarios de YPFB, al adjudicar contratos con sobreprecios, realizar pagos sin contratos vigentes y permitir diferencias millonarias entre precios de compra y venta. Las ganancias no justificadas para Botrading en las gestiones 2023 y 2024 alcanzan los 56 millones de dólares, según el documento al que tuvo acceso Radar Energético.
La comisión también halló indicios de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles, incluyendo la omisión de trámites constitucionales para autorizar la constitución de Botrading y la participación directa de altos ejecutivos de YPFB en la compra-venta de acciones de la empresa en beneficio propio. A ello se suma un posible delito de falsedad ideológica, al haberse ocultado oficialmente la relación entre YPFB y Botrading en respuestas enviadas a la Asamblea Legislativa.
CONCLUSIONES CLAVE DEL INFORME:
- Botrading fue constituida como una sociedad simulada sin capacidad operativa real.
- Se identificaron sobreprecios y pagos irregulares por más de 56 millones de dólares.
- Funcionarios de YPFB incurrieron en conflictos de interés y doble percepción de salarios.
- Se ocultó deliberadamente información a la Asamblea Legislativa para impedir la fiscalización.
- La empresa no cumple requisitos técnicos ni estratégicos para operar como trader internacional.
Ante estos hallazgos, la Comisión recomienda remitir el informe a la Contraloría General del Estado para que, en caso de confirmarse los indicios delictivos, se eleve el caso al Ministerio Público. También se solicita la realización de auditorías forenses, técnicas y jurídicas, y que el Presidente del Estado adopte medidas preventivas y correctivas.
Finalmente, se insta al Pleno de la Cámara de Diputados a aprobar este informe para avanzar en la investigación y garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.
Foto: YPFB
